Ø La exigencia de obtener un concepto previo del Consejo de Ministros para contratar prescindiendo de la licitación pública es una norma del año 1986, que fue derogada por la Constitución Nacional de 1991, en la cual se reconoció la autonomía de la Registraduria Nacional, así como por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública contenido en la Ley 80 de 1993.
Ø En la carta dirigida al Ministro del Interior y de Justicia se le invita a él y al Gobierno Nacional, como responsables de garantizar la seguridad durante las elecciones, a colaborar con las autoridades competentes para evitar la ocurrencia de nuevos ataques informáticos con fines terroristas, como el presentado el 14 de marzo.
Bogotá D.C., lunes 12 de abril de 2010. El Registrador Delegado en lo Electoral, Dr. Alfonso Portela Herrán, y el Gerente Administrativo y Financiero de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Dr. Edgar Zapata Barrios, enviaron hoy una carta al Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Fabio Valencia Cossio, en la cual le aclaran que la contratación adelantada por la Entidad para atender el proceso electoral se ajusta a lo previsto en la normatividad vigente y adicionalmente lo invitan a colaborar con las autoridades competentes para evitar la ocurrencia de nuevos ataques informáticos con fines terroristas, como el presentado el 14 de marzo.
En declaraciones publicadas ayer por el diario El Colombiano, el Ministro señaló que “se nos requirió para preguntarnos si la contratación de la Registraduría había tenido el trámite que según la ley se debe surtir: pedir autorización al Consejo de Ministros para hacer la contratación directa. Realmente no hubo una consulta al Consejo de Ministros y de eso se le dio traslado al Procurador”.
A raíz de esta declaración, se envió en la mañana de hoy una carta al Ministro en la cual se le recuerda que la Constitución de 1991 le dio plena autonomía a la Registraduria Nacional del Estado Civil, y el Estatuto de Contratación de la Administración Publica expedido en 1993 aplica en su integridad para los procesos contractuales que adelanta la Registraduria Nacional del Estado Civil.
“La pretensión del señor Ministro del Interior y de Justicia al aludir sobre la obligatoriedad de un concepto previo del Consejo de Ministros, es el claro reconocimiento de la pretensión infructuosa de dicho Despacho de interferir la autonomía administrativa, jurídica y presupuestal de la Registraduría Nacional del Estado Civil para adelantar sus procesos contractuales, fundamentando su argumentación en una norma pre -constitucional, la cual fue derogada tanto por la Constitución Nacional vigente desde 1991, como por el Estatuto contractual, Ley 80 de 1993”, señala la comunicación.
Así mismo, en otro aparte de la carta suscrita por el Registrador Delegado en lo Electoral y el Gerente Administrativo y Financiero de la Registraduria Nacional se agrega que: “el Señor Ministro expresa preocupaciones sobre el proceso electoral del 14 de marzo, pero desconoce que su función constitucional es garantizar la seguridad de las elecciones y evitar que se materialicen actos que atenten contra dicho certamen democrático; si conforme a las indagaciones preliminares que realiza la Fiscalía General de la Nación, se confirma la ocurrencia de un atentado informático realizado contra las bases de datos y la página de la Registraduría, ello constituiría un hecho terrorista que amenazó el orden publico, por lo cual lo invitamos a que colabore con las autoridades competentes para evitar nuevamente la ocurrencia de los mismos y que además participe conjuntamente con la RNEC, los partidos y movimientos políticos y los organismos de control, para garantizar el éxito de la elección de la Primera Vuelta Presidencial”.
En la carta se agrega que “en lo que concierne a la preocupación del señor Ministro, en cuanto al diseño y la complejidad de las tarjetas electorales, causa extrañeza que dichas expresiones o constancias no se hubiesen vertido dentro del desarrollo de los comités de seguimiento electoral y de la URIEL, en los cuales participó activamente el Ministerio a su cargo, y no sobra señalar que el mismo, fue concertado y avalado conjuntamente con los representantes de los partidos y movimientos que participaron en el proceso electoral y fue el mismo que se utilizó en el año 2006, resaltándose que la tarjeta electoral para Cámara de Representantes de negritudes, significó un incremento de más del 50% de aspirantes (67 listas), postulados a nombre de diferentes grupos, que obtuvieron previamente la personería jurídica otorgada por el Ministerio del Interior”.
Por ultimo, con relación a los recursos asignados por el Gobierno Nacional para este proceso, en el oficio enviado se señala que “de otra parte olvida y soslaya el señor Ministro, tener en cuenta, que la amplia participación ciudadana dentro de los comicios del 14 de marzo, generó enormes dificultades a los jurados de votación para consolidar oportunamente los escrutinios de mesa. Esta circunstancia como se señaló anteriormente hizo más dispendioso el trabajo de los jurados de votación, amén de que la votación efectiva fue de aproximadamente 13 millones de ciudadanos, rebasando ampliamente la participación electoral del año 2006. Igualmente conviene señalar que las partidas presupuestales solicitadas por la RNEC, que correspondían a 85.600 mesas aproximadamente, se apropiaron en menor cantidad, por lo cual se instalaron aproximadamente 78.000 mesas, pero con un potencial de 400 votantes por mesa, es decir, 50 votantes más que en el año 2006 por mesa”.
Para consultar la carta enviada al Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Fabio Valencia Cossio, de clic aquí: http://www.registraduria.gov.co/descargar/contratacion_elec2010.pdf
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